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OPINION                                                                                                                                     Domingo 25 de marzo de 2019

 

Jesus Rodriguez Morilla - ♦Bailar de una forma u otra sobre el alambre del anillo insular

Jesús Antonio Rodríguez Morilla 

Abogado

La fraccionada información que se nos viene proporcionado sobre este asunto, y que nos obliga a escribir casi a diario, preocupa, y no por el hecho de redactar, que es nuestra obligación, no, sino por ofrecer la sensación de una aparente y continua situación de novedades, según momento, cuando ya se deberían de conocer completamente el panorama existente, y no especular sobre acontecimientos.

Confieso mi sorpresa cuando he leído en un Medio de Tenerife, habitual que nos informa sobre este tema, la noticia encabezada con el titular: UNA OFERTA A LA BAJA RETRASA TODAVÍA MÁS LAS OBRAS PARA CERRAR EL ANILLO INSULAR.

También, me han temblado ligeramente los dedos, ante lo singular de la noticia, al seguir tecleando. Pero más aún, cuando he observado las cifras que se mencionan en la crónica:

Una cantidad ofertada por una UTE concurrente, por valor de 213.419,998,19 euros, que, comparada con el Presupuesto de Licitación, de 365 Millones de euros, y siempre siguiendo la información de referencia, nos indicaría una diferencia de aproximadamente (-152) millones de euros, o expresado de otra manera: un (-40%) aproximadamente. Sobre el Presupuesto de Licitación.

Es decir, se oferta una baja estratosférica, rabiosa, temeraria o como se la quiera denominar, cuyo porcentaje de rebaja, podría suponer la quiebra de la UTE concursante.

Suponemos que el Poder Adjudicador, a través de sus Servicios Técnicos, Departamento de Contratación, Pliego de Condiciones, y concordantes, habrán tomado buena nota y habrá solicitado a la UTE, las pertinentes y satisfactorias aclaraciones de todo tipo, ante la posibilidad de que podrían aflorar, crasos errores o confusiones en tropel.

El autor, ha contemplado muchos casos similares al ahora estudiado, y por supuesto, con las reservas que otorga el no haber accedido al Expediente, por carecer de “interés legítimo”.

Las situaciones más claras en estos supuestos, suelen residir en que una vez iniciadas las obras aparecen, según numerosos Dictámenes del Consejo de Estado y su Abogacía: deficiencias técnicas en el proyecto; omisiones, etc. que aconsejan la modificación del mismo, o lo que es igual, otro nuevo proyecto, cuando ya se habrían atendido una serie de pagos previos, que imposibilitarán la continuidad de la obra.

Repito, el Poder Adjudicador Canario, goza de la presunción de consultar Dictámenes e Informes de la Abogacía del Estado, que siempre califican estas situaciones como ficticias y atentatorias contra los principios de la Contratación Pública.

En otra ocasión y por razones de espacio, no citaremos los reseñados por la UE, que en definitiva podrían resultar igualmente de aplicación.

Y es que cada vez más, a la opinión pública le llama poderosamente la atención el fenómeno consistente en que casi todo lo que construye la Administración experimenta un incremento de precio insospechado a la finalización de las obras.

Han contribuido a sensibilizar a la misma de manera decisiva, la denuncia de los medios de comunicación, así como el sistema judicial, especialmente tenaz con algunos comportamientos corruptos generadores de alarma social en esta época de tribulaciones económicas que nos ha tocado vivir.

Piénsese por un momento, en lo abundante de estos casos con los afamados Modificados de Obra.

Finalizamos, con el ruego de que los apadrinamientos políticos, si es el caso, queden apartados a un lado, en pro de la solución más acorde con la situación, al pesar sobre este País, demasiadas clases de tribulaciones, políticas y económicas. Lo manifiesta, un ultra agnóstico.

 

 

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