Los sobrecostes en infraestructuras se han convertido en un mal crónico en España. Hoy, sin entrar en polémicas políticas, debemos subrayar algo importante: en el punto 3 de su intervención en el Congreso, el presidente Sánchez anunció la introducción de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público. El objetivo: detectar patrones anómalos o indicios de fraude. Coincidimos plenamente con esa idea, que ya teníamos previsto proponer.
El resto del paquete legislativo parece ser, de nuevo, viejo maquillaje sobre estructuras que no han resuelto nada.
Volvamos a lo esencial:
Ante la intervención presidencial, este analista se ha visto obligado a intercalar la mencionada intervención del presidente y el presente Texto, “ya en imprenta” y quizás, hasta cansina reiteración del problema del que suscribe. durante años.
¿Se han preguntado alguna vez cuánto nos cuestan realmente las grandes obras públicas? No, lo que se dice en las ruedas de prensa, sino lo que terminan costando cuando —si es que llegan— finalmente se inauguran.
La respuesta es clara: casi siempre, muchísimo más. Y ese “muchísimo más” no aparece en los titulares, pero sale de sus impuestos, de su bolsillo, del de todos.
Obras emblemáticas, autopistas, estaciones, edificios… que nacen con presupuestos razonables y terminan disparándose sin control. Y lo más preocupante es que lo hemos acabado aceptando como si fuera algo inevitable.
Veamos solo tres ejemplos conocidos:
✅ Cidade da Cultura (Santiago): de 100 millones a más de 300.
✅ Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia): de 400 millones a más de 200.
✅Estaciones AVE en 12 ciudades: solo en sobrecostes, +11.738 millones de euros.
Y, la historia se repite: en Madrid, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía… Gobierne quien gobierne. No es un problema de color político, es un problema estructural.
Se habla de “imprevistos”, “modificaciones inevitables”, “problemas técnicos”… pero muchas veces detrás hay una mala planificación, desconocimiento técnico, o intereses que no se explicitan.
Y nadie responde. Nadie asume responsabilidades.
En los años 2017-2018, la CNMC cifró en 48.000 millones de euros los sobrecostes generados por falta de competencia en licitaciones. Más tarde, otras estimaciones —no oficiales— hablaron de cifras que podrían llegar a los 150.000 millones. Algunos estudios incluso apuntan a una horquilla de entre 60.000 y 240.000 millones.
Pero lo más grave es que ni siquiera las propias Administraciones conocen con certeza cuánto ha costado este descontrol.
¿Hay solución? Sí. Pero exige voluntad política y herramientas modernas
Jesús Antonio Rodríguez Morilla
Doctor en Derecho
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