En septiembre de 2020, un servidor redactaba Columna: “Viaje al escenario del pánico. Próxima generación U.E. 2021-2027”, alegórica al desarrollo de algarabías y fanfarrias que preceden siempre a la llegada de esa especie de “CUERNO DE LA ABUNDANCIA” que supondrían las diversas clases de Fondos y Empréstitos previstos por España. en aquella época.
Asimismo, les manifestaba, que comenzaban a correr rumores de que no se orientaban eficazmente las ayudas concedidas, y, únicamente un reducido número de Ministerios cumplirían con los objetivos fijados inicialmente, dentro de una gran desigualdad de propósitos.
Tiempo más tarde, (noviembre 2022), otros Medios de Comunicación se hacían eco de la admisión por parte del Gobierno, de que no sería capaz de cumplir en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la U.E. para optar y/o retener los fondos europeos, si se mantenía el atasco burocrático, mediante la asunción del “complejísimo universo que suponía tal empeño”.
Por ello, decidió recurrir por necesidad “urgente e inaplazable” a las grandes consultoras, (BIG FOUR), para tratar de alcanzar los hitos requeridos dentro de plazo y forma, evitando así la pérdida de las ayudas comunitarias, con las que el Ejecutivo aspiraba a impulsar parte de la economía en los próximos años.
Así reza en un documento oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de gestionar miles de millones de las subvenciones procedentes de Europa, cual tiene encomendadas las tareas estratégicas de canalizar los fondos dedicados a la transición hacia una economía verde y descarbonizada.
Arduo pues, abordar esta tarea considerando la existencia de varios factores con posibilidades de colisionar:
Primero. Costes asociados a la contratación de expertos consultores:
Una estimación para contratar consultoras especializadas en el manejo de fondos europeos puede tener un coste significativo oscilando aproximadamente entre 100 y 300 euros hora/ consultor.
En contratos globales, entre 50.000 y 500.000 euros por proyecto, dependiendo de la complejidad y el volumen de trabajo.
Ante el supuesto de que España hubiese contratado equipos para gestionar esos 4.000 expedientes, (cifra manejada), y que cada expediente requiera entre 50 y 100 horas de trabajo profesional, el coste mínimo estimado sería, 4.000 expedientes x 50 horas x 100 euros/hora = 20 millones de euros.
Un segundo supuesto (coste máximo): 4.000 expedientes x 100 horas x 300 euros/hora = 120 millones de euros.
Se insiste, en que no se puede proporcionar cifras exactas sin datos concretos, aplicándose cálculos aproximados basados en información pública y práctica habitual.
Segundo. Posible pérdida de los fondos debido a la expiración de plazos, y estimaciones de Impacto Económico:
Si los expedientes permanecen “varados” y algunos plazos expirasen, España podría perder parte de acceso a los fondos EU asignados, ascendentes a 140.000 millones de euros, divididos en subvenciones directas y préstamos.
Suponiendo que, de los 4.000 expedientes relacionados con el total asignado, (140.000 Mills.) y presumiendo en forma óptima que una cifra entre un 5-10% sobre el anterior importe, aplicados a Expedientes, éstos resultaran fallidos, la magnitud del riesgo basándonos siempre en euros, desconociéndose contenidos Expedientes, podría tratarse:
- Importes en riesgo: 5% de 140.000 millones = 7.000 millones de euros.
- Máximo en riesgo: 10% de 140.000 millones = 14.000 millones de euros.
Tercero y último. Conclusión estimada optimista:
Se adopta el ejemplo referido a los costes estimados y citados en punto Primero, asumiendo contratación, fuesen entre 20 y 120 millones de euros, y, mientras por otro, los fondos en posición de riesgo debido a la expiración de plazos podrían situarse entre 7.000 y 14.000 millones de euros.
Si a lo anterior añadiésemos la consideración de impactos imprevistos, España podría empeorar enfrentándose a una posible combinación de pérdidas económicas directas (costes de gestión) e indirectas (fondos perdidos) que podrían superar ampliamente los 14.000 millones de euros.
En ello, como se ha mencionado, destaca la enorme importancia de fortalecer las capacidades técnicas y administrativas para gestionar los fondos y minimizar riesgos.
¡Que los Dioses nos protejan de los políticos!
Jesús Antonio Rodríguez Morilla
Doctor en Derecho
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